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Historias desobedientes y con faltas de ortografía
2018-05-03



Justicia contra delitos de lesa humanidad, no venganza.

Historias Desobedientes: hijas, hijos y familiares de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Desde Historias Desobedientes, a un año del fallido intento del 2x1, denunciamos la falsedad y el cinismo de los argumentos negacionistas que se pretenden instalar en la sociedad y que nuestros familiares genocidas exponen negando su responsabilidad y reivindicando los peores crímenes. Desde la cárcel unos, con el privilegio de la domiciliaria otros, y con total impunidad algunos reivindican la tortura, la desaparición, los vuelos de la muerte, el engaño y la mentira. Saben del destino de los nietos que se siguen buscando y de los desaparecidos y eligen seguir callando, en un acto cruel e inhumano no hace más que reconfirmar su pensamiento genocida del que se enorgullecen.

Ya formando parte de la vida cotidiana -que desde el gobierno y los medios hegemónicos nos quieren imponer- el negacionismo se hace presente disfrazado de noticia, en la boca de algún funcionario de turno o a modo de “documental”.

Documentando tal vez el propio negacionismo y la imposibilidad de reconocer los más horrendos crímenes que, respondiendo a intereses foráneos, fueron perpetrados por el estado encarnado en un gobierno cívico-eclesiástico-militar. De eso hablamos cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad: del propio estado masacrando compatriotas, del propio estado arremetiendo contra cualquiera que piense diferente. Del propio estado secuestrando, torturando, asesinando, desapareciendo, robando bebés nacidos en cautiverio.

Hablan de estos crímenes como si fueran “errores” y de los genocidas como si fueran “presos polìticos”. Hablan de dos demonios o de guerra sucia desconociendo las responsabilidades del estado como tal y de sus funcionarios. Pretenden anteojeras para las nuevas generaciones: que no luchen, que no piensen, que no cuestionen, que se acostumbren, que no sientan, que no pregunten, que no sepan. Tal vez pretendan que estudiando robótica podamos asemejarnos a esos aparatos perfectamente controlados y subordinados al comando.

Se equivocan.

Ningunean el valor de los juicios por la verdad y su consecuente vuelta atrás a la impunidad, que nos convierte en vanguardia en materia de Derechos Humanos frente a la comunidad internacional y son orgullo nacional. La apertura de estos juicios visibilizó -entre otras cosas, y de la mano de los sobrevivientes del horror y de la lucha constante y amorosa de nuestras madres y abuelas- lo que tanto se empeñan en ocultar.

Quienes crecimos al interior de las familias responsables y/o cómplices de estos crímenes escuchamos y seguimos escuchando este discurso negacionista que sigue -paradójicamente- reivindicando el horror.

En el marco de una sociedad que no cerró los ojos ni toleró la impunidad pudimos -los hijos y familiares de genocidas - abrir los nuestros y sumarnos a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

Para ningún familiar de genocida es fácil ni gratuito que el genocida esté preso, impune o con domiciliaria. Es vergonzante. Algunos prefieren la negación y pretenden el olvido. Otros justifican lo injustificable. Los desobedientes sostenemos que los crímenes que cometieron nuestros padres, abuelos o familiares genocidas deben ser juzgados y condenados. Que sus crímenes nos siguen lastimando y no estamos dispuestos a tolerar el silencio, el olvido ni la impunidad. No estamos dispuestos a subordinarnos al mandato de silencio.

Memoria frente a al pretendido olvido,
Verdad frente a las mentiras que quieren instalar,
Justicia frente a los crímenes de lesa humanidad que cometieron.

No olvidamos

No perdonamos

No nos reconciliamos.

¡Son 30.000!

Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas

30.000 somos todos

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2018-03-22



24 DE MARZO DE 2018

El sábado 24 de marzo, Historias Desobedientes concentra en Av. de Mayo y Tacuarí a las 13 hs. Volver arriba...

2018-03-07



RECHAZAMOS DE FORMA CATEGÓRICA LA IMPUNIDAD

Desde Historias Desobedientes nos pronunciamos en contra de la posibilidad de que el Poder Judicial deje en libertad, disfrazada de prisión domiciliaria, a los genocidas.
El beneficio de la prisión domiciliaria no puede ser aplicado cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.
La actual política del gobierno nacional se caracteriza por el negacionismo de lo ocurrido en nuestro país, por querer borrar la memoria, cambiar la verdad y frenar la justicia.
Nosotros sabemos que nuestros padres tienen información para dar a la sociedad, para poder encontrar tanto a los compañeros desaparecidos como a los nietos apropiados, y al no tener la dignidad de dar esa información a la justicia, aún al día de hoy, siguen cometiendo los delitos por los cuales fueron condenados.
Aún al día de hoy siguen ejecutando sistemáticamente esos crímenes de lesa humanidad.
Y con la excusa de la superpoblación carcelaria, este gobierno quiere dejarlos en libertad.
Somos hijas, hijos y familiares de estos genocidas, tuvimos trato cotidiano y cercano con ellos. Nos consta que tienen esa información.
Pero eligen seguir cometiendo sus crímenes.
Y a ellos le quieren otorgar este beneficio.
Una vez más, este gobierno actúa en forma garantista con los genocidas, y con mano dura con los débiles, haciéndonos retroceder en el tiempo, porque estos genocidas ya tuvieron más de 30 años de impunidad, hasta que finalmente empezaron los juicios, pero aún al día de hoy hay genocidas que siguen impunes, porque si la justicia no llegó a ellos hasta ahora, cada día se hace más difícil que llegue, dado el desmantelamiento que se está llevando a cabo en todas las dependencias y secretarías o ministerios, encargados de la investigación y archivo respecto de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron; y que al no haber justicia, al día de hoy se siguen cometiendo.
La única casa para un genocida, es la cárcel.
Cárcel común y efectiva para los genocidas.
Memoria, Verdad y Justicia.
NO NOS RECONCILIAMOS.
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2018-01-03



2° REPUDIO A LA PRISIÓN DOMICILIARIA ETCHECOLATZ:

HISTORIAS DESOBEDIENTES – Hijas, Hijos Y Familiares de Genocidas, por la Memoria, la Verdad y la Justicia

1.- ETCHECOLATZ CON PRISIÓN DOMICILIARIA:

Nunca pudimos imaginar esta situación: Etchecolatz con prisión domiciliaria. Tampoco pudimos imaginar jamás el “happy hour del horror” del 2x1 de la Corte Suprema.
No dejan de sorprendernos tales decisiones. No dejan de angustiarnos y la indiferencia no nos parece una posibilidad. No dejan de doler los nuevos vientos de impunidad.

2.- LA TRASCENDENCIA DE ETCHECOLATZ:

El Estado debe cumplir con la obligación internacional de los Derechos Humanos de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Esta obligación corre para cada crimen contra la humanidad, y consecuentemente para cada uno de sus ejecutores cualquiera haya sido su grado de autoría y participación.
No obstante, no puede perderse de vista la trascendencia de este genocida, en virtud de la alta jerarquía que ocupó durante el terrorismo de estado, a lo que deben sumarse varias circunstancias más: la gravedad y cantidad de sus crímenes, la cantidad de los Centros Clandestinos que tuvo a cargo, y la desaparición de Jorge Julio López, por la cual es el principal señalado. Así como no puede desconocerse la trascendencia pública que tiene este genocida, no puede dejar de considerarse la ola de beneficios que se les están otorgando a tantos de ellos, que en muchos casos no son conocidos sus nombres y sus rostros por toda la sociedad.

Así las cosas, por la indudable trascendencia que tiene este genocida, que es un verdadero emblema del horror, ocurre que siendo beneficiado con una prisión domiciliaria, toda la humanidad resulta degradada y ofendida, por un hecho jurídico que aunque por vía de hipótesis sea legal, no deja de ser intolerablemente injusto.

3.- ¿POR QUÉ PRISIÓN DOMICILIARIA?:

No obstante la referida trascendencia pública del caso, no han sido publicados los informes de los peritos médicos, como así tampoco los del Servicio Penitenciario Federal, ni ningún informe de los cuales se han servido los jueces que han decidido la prisión domiciliaria. Y en ese sentido, y considerando la relevancia del caso, resulta imposible el control por parte de la ciudadanía en un caso de tal magnitud, de suma relevancia e interés en materia de Derechos Humanos. Es decir, que todos podamos saber en base a qué informes los jueces decidieron otorgar la prisión domiciliaria, sin dejar de considerar que tales informes no son vinculantes para la decisión de los jueces.
Reiteramos, que en un caso de tal trascendencia, muy poco de todo ello se encuentra disponible al alcance de la ciudadanía como debiera ser en estos tiempos para todo tema de interés público, a través de Internet. A tal efecto entendemos que debería solicitarse y resolverse el relevamiento del secreto profesional médico, en tanto que hay un interés público que debe prevalecer.
Luego, lógicamente serán los fiscales, titulares de la acusación y de la acción penal, y de las querellas, quienes tienen el derecho de impugnar y controlar las decisiones y las medidas.

4.- EL CONTEXTO JURÍDICO:

Ya habían quedado establecidos los criterios para la aplicación de la prisión domiciliaria en el fallo de la Corte Suprema “Olivera Róvere” en el año 2013. Así fue que se determinó que “la detención domiciliaria implica una disminución significativa del control estatal sobre el cautelado y, desde esta perspectiva, un incremento del riesgo de que eluda la acción de la justicia y de que el Estado, en consecuencia, no logre cumplir su compromiso internacional de sancionar a quienes fueran declarados culpables de los delitos de lesa humanidad”. Sin embargo, también se estableció que dicho criterio debe ceder ante circunstancias en que la ejecución de la pena privativa de la libertad pueda constituir un trato cruel, inhumano o degradante o la restricción de derechos fundamentales que la prisión no debe afectar.
Es de destacar que en dicho fallo, la Procuración General de la Nación ha sentado el criterio que verificada la condición etarea (70 años conf. art. 10 inc. d del Código Penal), la procedencia de la detención domiciliaria no es automática sino que se debe acreditar que el encarcelamiento podría producir alguna de las dos consecuencias que la ley está encaminada a evitar: el trato cruel inhumano o degradante, o la restricción de derechos fundamentales no afectados por la pena que se le impuso o que se le podría imponer.
Luego, para determinar cuándo se está ante dichas circunstancias que habilitarían la modalidad atenuada de la ejecución de la pena, es decir, la prisión domiciliaria, debe recurrirse al art. 10 del Código Penal, y luego, a las circunstancias de hecho que deberán ser analizadas a los fines de que el o los jueces determinen si las mismas cuadran dentro de una o varias de las hipótesis legales que determinan la aplicación de la prisión domiciliaria.
Se ha argumentado que la legislación al respecto no hace ninguna distinción para su aplicación frente a los delitos de lesa humanidad. Sin embargo, se ha soslayado que existe en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, más de una distinción. Pero puntualmente hay en la jurisprudencia de la CIDH una particular distinción que resulta relevante en el caso. Se trata de que mientras para los delitos en general resultan cuestionados los fines preventivos como fundamento de la pena, para los crímenes contra la humanidad la CIDH ha declarado obligatorios dichos fines. Tal diferencia no puede desconocerse a la hora de evaluar el cumplimiento efectivo de la pena, máxime considerando los fines obligatorios de prevención general positiva. Es decir, que toda la sociedad tenga siempre presente que dichos crímenes nunca quedarán impunes, como una medida ejemplar tendiente a prevenir, para que nunca más vuelvan a ocurrir genocidios.
Tampoco puede desconocerse la distinción que hace la ley 27.156, que no admite indultos, amnistías ni conmutación de pena alguna.
Es que si bien en derecho penal no resulta posible la interpretación analógica de las normas, los poderes del Estado no pueden desconocer que frente a crímenes de lesa humanidad la historia mundial enseña que no se han escatimado los esfuerzos, -incluso los intelectuales-, para crear y posibilitar fórmulas y acciones superadoras. Y en ese contexto, absurdo resultaría desconocer que sobran las situaciones y experiencias en las que los crímenes contra la humanidad han tenido un adecuado y especial tratamiento.
No obstante, son los tres poderes del Estado, o incluso los cuatro poderes –si consideramos el Ministerio Público como lo dispone nuestra Constitución Nacional en su art. 120-, los que deben encontrar una respuesta superadora frente a tal conflicto de intereses. En efecto, la obligación de que la prisión no se traduzca en un trato inhumano, cruel o degradante ni restrinja derechos fundamentales más allá de los que afecta la pena por sí misma, se contrapone con la obligación internacional de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Es frente a ello que los poderes del Estado deben buscar y encontrar respuestas superadoras.

5.- CASO ETCHECOLATZ:

Un régimen atenuado de la pena para este genocida degrada a toda la sociedad argentina, denigra a las víctimas, insulta a la humanidad. En virtud de ello, resulta necesario destacar que Etchecolatz fue el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura genocida, que tuvo a su cargo 21 Centros Clandestinos donde secuestró, torturó, asesinó, desapareció personas, se apropiaron bebés, violó hombres y mujeres, se robaron bienes, etc. Tanto en los casos de apropiación de personas como en los casos de desaparición de personas, dichos crímenes se siguen comentiendo cada día que pasa sin que se sepa el destino o la identidad de dichas personas. Es decir, que hoy mismo lo siguen cometiendo y perpetuando. Sus crímenes han sido probados y condenados en varias sentencias que han quedado firmes. Asimismo es el principal sospechado por la desaparición de Jorge Julio López. No ha demostrado jamás arrepentimiento. Y también sabemos que reivindica sus crímenes.

6.- EL DAÑO:

El daño provocado por este criminal es inconmensurable. Innumerable cantidad de víctimas de este y otros tantos genocidas que han instaurado un plan sistemático de exterminio, robo de personas, secuestros, torturas, etc., han dejado una herida imborrable en nuestro país y en toda la humanidad. En estos tiempos de renovados aires de negacionismo, no podemos menos que sostener y acompañar desde nuestro lugar la lucha irrestricta durante más de 40 años y hasta la actualidad de las Madres y las Abuelas. Ellas, junto con muchos otros organismos integrados por víctimas sobrevivientes y familiares, han marcado un camino de trascendencia internacional. Han sostenido su inquebrantable trabajo de búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia, y lo han hecho en tiempos de peligro, y lo han sostenido durante largos años de impunidad. Los delitos de lesa humanidad, llevan tal calificación porque dañan a toda la humanidad. Los efectos dañosos de los genocidios resultan imborrables, y por lo tanto, desconocerlos o negarlos, no es más que reproducir los daños y sus efectos. El Estado no puede emitir ninguna disposición y/o resolución que vaya a contrapelo de la obligación internacional de prevenir, investigar, juzgar y sancionar dichos crímenes. Ningún poder del Estado pude hacerlo. Ningún funcionario público de ningún poder estatal puede desconocer que cada Abuela aún espera encontrar a su nieto, que cada Madre aún espera saber cuál fue el destino de sus hijos. Todos los familiares, todas las víctimas, toda la sociedad, y toda la humanidad no puede admitir impunidad en ninguna forma ni en ninguna medida.
En este orden de ideas, no puede desconocerse que la humanidad ha reaccionado de varias formas civilizadas ante el horror que implican los crímenes contra la humanidad. Entre ellas se observan los tratados internacionales sobre imprescriptibilidad, las extradiciones, la internacionalización de la persecución penal, la aplicación de la costumbre internacional, entre tantas otras soluciones que se han implementado, haciendo apoyo, entre otras cosas, a la idea de que la humanidad no puede tolerar lo intolerablemente injusto.

7.- ANTE EL CONFLICTO DE DERECHOS, POSIBLES SOLUCIONES SUPERADORAS:

Que hay un conflicto de derechos, podría ser una hipótesis, luego de que fueran eventualmente admitidas las situaciones que pudieran tornar el cumplimiento de la condena como una trato cruel, inhumano o degradante, o restrinja sus derechos fundamentales. Concretamente, frente a situaciones debidamente acreditadas y controladas de necesidades de asistencia de la salud del condenado, que hacen a su derecho a la vida, bien podría exigirse la inmediata implementación de todos los recursos materiales y humanos a los efectos de dar toda la atención necesaria de la salud, con todo el equipamiento y los profesionales que se estimen necesarios. Es que en tiempos en que se sostiene la obra pública como eje central de la política económica implementada por la administración en turno, siendo la magnitud y grandilocuencia de la obra pública algo público y notorio para toda la ciudadanía, resulta indispensable que para los casos de condenados por crímenes contra la humanidad, y en los supuestos en que hiciese falta la compra de instrumental especial o hiciese falta la contratación de personal adicional, se disponga de los recursos correspondientes. En efecto: El Poder Ejecutivo puede –y debe- realizar los actos administrativos pertinentes a los fines de que se destinen los recursos necesarios, se realicen las obras correspondientes, se adquieran los insumos necesarios y se contrate a los profesionales de la salud idóneos, todo dentro de la unidad penitenciaria correspondiente, a los fines de que la pena, en casos de condenados por crímenes de lesa humanidad, sea efectivamente cumplida. Pero también el Poder Ejecutivo puede – y debe- realizarlo por la vía legislativa, enviando un proyecto de ley al Congreso para que cree y disponga con urgencia una partida presupuestaria especial a tales fines. Interpelamos a tales actos administrativos que entendemos viable y concordante con el antecedente que dio origen a la ley 27.362 que prohibió la aplicación del 2x1 a genocidas.
A su turno, el Poder Legislativo puede –y debe- hacer lo referido anteriormente, en virtud de sus obligaciones y potestades, por lo cual también interpelamos al Congreso de la Nación a que con carácter urgente tome estas acciones impostergables en materia de Derechos Humanos. Por último, es deber y potestad del Poder Judicial, frente al conflicto de intereses que se presenta, desarrollar y resolver sentencias superadoras estableciendo obligaciones de hacer al Poder Ejecutivo. En efecto, bien pueden los jueces ordenar que se hagan todos los actos administrativos conducentes a la adecuación correspondiente de las unidades carcelarias para que el cumplimiento de las condenas de los genocidas sean efectivamente cumplidas. Es que ante tal conflicto de intereses deben ordenarse remedios especiales que superen la contraposición de tan fundamentales derechos, que hacen a la vida democrática y al respecto irrestricto de los Derechos Humanos que como Nación civilizada no podemos dejar de observar y cumplir. La aplicación lisa y llana, sin ningún esfuerzo intelectual para la superación del conflicto de Derechos Humanos que nos convoca, va sin dudas a contrapelo de toda la jurisprudencia nacional e internacional en materia de Derechos Humanos. A los efectos de dar estas respuestas que resultan ineludibles, debemos recordar que la Corte Suprema ha dado un importantísimo antecedente en el fallo conocido como “Cuenca Matanza Riachuelo”, en el cual ha tomado una posición activa frente a los derechos afectados a un gran conjunto de personas, ordenando al Estado Nacional conjuntamente con los Estados locales correspondientes a la realización de las obras que ordenó la Corte Suprema punto por punto, que incluso ordenó una Secretaría Especial en el Juzgado competente para el control de dichas obras. Independientemente de la infinidad de críticas que puedan encontrarse frente al incumplimiento -o deficiencias en el cumplimiento-, lo cierto es que en esa jurisprudencia la Corte Suprema estableció un antecedente de potestad de la jurisdicción. En otras palabras, que los jueces pueden ordenar obras públicas frente a la necesidad impostergable de respeto por los Derechos Humanos fundamentales de la comunidad o parte de ella. Por su parte, al Ministerio Público Fiscal le corresponde requerir dichas resoluciones a los jueces competentes, en su carácter de titular de la acción pública.

8.- EN CONCLUSIÓN:

Los tres poderes del Estado referidos, son responsables frente al incumplimiento de obligaciones internacionales que ante su inacción puede generar a la República Argentina. Asimismo tienen el deber de obrar sin demoras en busca de soluciones superadoras frente a la circunstancia que debe ser conocida y denunciada que ha sido informada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de que son 549 condenados por crímenes de lesa humanidad que se encuentran con arresto domiciliario.
La aplicación del art. 10 del Código Penal sin la consideración de estas y otras tantas circunstancias, sin la búsqueda de una fórmula superadora, implica un ejercicio del poder público intolerablemente injusto.

9.- REPUDIAMOS, PEDIMOS Y EXIGIMOS:

No podemos menos que repudiar tales injusticias y proclamar la defensa de todas las conquistas en materia de Derechos Humanos, la cual tuvo lugar luego de años de impunidad y de lucha irrestricta e inclaudicable de esas verdaderas mujeres valientes, que son las Madres y las Abuelas.
En nuestro carácter de hijas, hijos y familiares de genocidas, los integrantes de Historias Desobedientes pedimos a nuestros padres y familiares que tengan el valor y la dignidad de dar a tantas madres, abuelas, hermanos y demás familiares de desaparecidos, la verdad respecto del destino que han tenido los bebés nacidos en cautiverio y de todos sus familiares desaparecidos. Asimismo, exigimos se dispongan de todos los medios y recursos necesarios para que el total cumplimiento de las penas de los genocidas no impliquen tratos inhumanos, crueles o degradantes ni restrinjan derechos fundamentales más allá de las penas; repudiamos la prisión domiciliaria de los genocidas; y exigimos cárcel común y efectiva para el cumplimiento de sus condenas de conformidad con lo dispuesto en la ley 27.156 que no admite indultos, amnistías ni conmutación de pena alguna.


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2018-01-02



Esto es una burla a la Justicia.

El TOF 6 le concedió un beneficio extraordinario al médico militar y apropiador Norberto Bianco, otorgándole autorización para irse de vacaciones, por dos meses a Mar de Ajó.
Parece una broma de mal gusto, pero es la impunidad a la que nos está queriendo acostumbrar el poder judicial, en complicidad con el actual gobierno. Son alrededor de 30 bebés los que fueron “repartidos” por este médico militar. Esos bebés aún no fueron encontrados, por lo que es un delito que se sigue cometiendo.
Le dan beneficios extraordinarios a una persona que aún en este momento está cometiendo los delitos por los que fue condenado, porque nunca dio información para poder encontrar a estas personas, que al día de hoy son hombres y mujeres de alrededor de 40 años que viven sin conocer a su verdadera familia. Ya en el pasado fue haciendo todo lo posible por eludir la justicia.
Cabe recordar que Bianco burló a la justicia argentina en dos oportunidades: en 1986, ante la inminencia de un allanamiento por las denuncias sobre apropiación, se fugó a Paraguay. En 1987, se realizó el primer pedido de extradición que se concretó recién diez años más tarde, con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2000, fue condenado a once años y medio de prisión por la apropiación de Pablo Casariego Tato y otra niña pero, con apenas dos años y medio de condena cumplida, volvió a fugarse a Paraguay, de donde fue extraditado con intervención de la Interpol recién en 2008. Luego, en 2014, fue condenado a 13 años en el primer juicio por los partos clandestinos en Campo de Mayo, como lo aclaran las Abuelas en su repudio.
Este TOF 6, es el mismo que le concedió la domiciliaria a Etchecolatz, otro condenado que al día de hoy sigue cometiendo el delito, por no dar ningún tipo de información respecto de los desaparecidos bajo su órbita.
¿Qué clase de justicia es la que está dejando en libertad y dando beneficios a estos genocidas?
Como ya lo dijimos en el repudio anterior, son condenados por crímenes de lesa humanidad, parecería que al poder judicial de Argentina se les está olvidando lo que esto significa.
Repudiamos enérgicamente este tipo de accionar por parte del poder judicial.
Hacemos un pedido a toda la sociedad a repudiar estas injusticias, y a defender todo lo logrado en materia de Derechos Humanos. Nos costó muchos años juzgar a los genocidas de la última dictadura cívico militar y no estamos dispuestos a volver hacia la impunidad.
No hay reconciliación ni perdón posible ante el silencio cómplice y criminal de quienes fueron capaces de las peores aberraciones de las que se tenga memoria en nuestra sociedad.
Llamamos a todas y a todos a repudiar este tipo de injusticia.
Los genocidas a la cárcel, que es el lugar que les corresponde.
Cárcel común y efectiva, hasta cumplir la condena.
Y hoy más que nunca : MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
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2017-12-28



REPUDIO A LA PRISION DOMICILIARIA PARA ETCHECOLATZ

Desde el colectivo Historias Desobedientes, hijas, hijos y familiares de genocidas repudiamos la prisión domiciliaria concedida al genocida Etchecolatz, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6.
Este genocida, gozó durante muchísimos años de libertad e impunidad, hasta que finalmente fue sometido a juicio y fue condenado en seis oportunidades.
Pesan sobre él seis cadenas perpetuas por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar, y le conceden la domiciliaria como si fuera un pobre anciano.
Esto es una anmistía encubierta, lo vienen haciendo con otros genocidas, al encontrarse con que una manifestación popular de más de 500 mil personas les dijo NO al 2x1.
Queremos puntualizar que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes más horrorosos que puede cometer un ser humano, y son tratados con guantes de seda.
Estos genocidas, al interior de sus familias, nunca se arrepintieron de nada de lo que hicieron, y siguen sosteniendo hoy en día que lo volverían a hacer, porque se sienten orgullos de ello.
Por eso nuestro más enérgico repudio a otorgarle un beneficio a una persona que fue parte de un aparato institucional de asesinatos, torturas y robos de bebes.
Esto no es justicia.
Esto es otra salvajada más, de las que vienen cometiendo en estos últimos dos años.
Días después de enterarnos que están desarmado organismos de DDHH, nos enteramos de esta prisión domiciliaria.
Desgraciadamente nuestro país, está volviendo a la épocas más oscuras, dejando en libertad a sus ejecutores.
Toda la sociedad tiene que pronunciarse por lo que está pasando, porque este tipo de acciones de la justicia nos hacen retroceder a los peores momentos que vivimos como país.
Por eso las hijas, hijos y familiares de genocidas sumamos nuestra voz a todos los organismos de DDHH, para volver a gritar con la fuerza que sea necesaria:
CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA TODOS LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD, DE LA ULTIMA DICTADURA.
NO A LAS PRISIONES DOMICILIARIAS, NI AL 2X1.
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2017-12-16



REPUDIAMOS LA REPRESIÓN

El colectivo Historias Desobedientes, formado por hijas, hijos y familiares de genocidas, queremos hacer público nuestro repudio a los sucesos acaecidos el jueves pasado y que son de público conocimiento, dónde se manifestó la ferocidad de las fuerzas de seguridad, comandadas por la Ministra Patricia Bullrich. Y que ya pasadas más de 24hs todavía no dio explicaciones a la población sobre la violencia perpetrada por las fuerzas a su mando.
En este brutal atropello a jubilados, agrupaciones sociales y políticas que ejerciendo su legítimo derecho a manifestarse fueron provocados y reprimidos criminalmente también se vieron afectados trabajadores de prensa que se encontraban cubriendo el hecho.
Exigimos la renuncia de la Ministra P. Bullrich responsable de este despropósito que atenta contra la libertad y las instituciones republicanas y una investigación exhaustiva de los que intervinieron en los hechos. Volver arriba...

2017-08-07



APARICIÓN CON VIDA YA! DE SANTIAGO MALDONADO

Como en los peores años de la Dictadura Genocida que integraron nuestros padres, desde el Martes 1 de agosto Santiago Maldonado está desaparecido. Fue secuestrado por Gendarmería Nacional durante la represión desatada sobre la comunidad Mapuche Pu Lof de Cushamen, en Chubut.
Hacemos responsables al gobierno nacional que con su NEGACIONISMO político, fomenta el retorno de las peores prácticas del Terrorismo de Estado a través del poder judicial (que no instrumenta los mecanismos de pronta búsqueda), y a las fuerzas de seguridad (como la Gendarmería Nacional en este caso), que se convierten en represoras contra los jóvenes que quieren ejercer el legítimo derecho de la protesta, consagrado en la Constitución Nacional, y el derecho a ser solidario de todo habitante de nuestra patria.
Mañana a las 17 horas frente al Congreso de la Nación estaremos REPUDIANDO el TERRORISMO DE ESTADO y EXIGIENDO APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO
NUNCA MÁS desapariciones
Por Memoria, Verdad y Justicia.
Son 30 mil.
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